Además del sendero de montaña, Víctor Hugo Sodero Nievas, vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), confirmó que VIARSE deberá señalizar y reparar el camino Tacuifí como vía para acceder al Lago en un plazo de 120 días. La vocera de la firma Lago Escondido -de Joe Lewis-, Dalila Pinacho, había cuestionado el fallo. “No es una cuestión que le importe a la empresa”, estimó el Juez.
El vocal del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Hugo Sodero Nievas, anticipó que pueden imponer mandatos preventivos o ejecutorios para que se dé cumplimiento con lo dispuesto, en relación a la obligación de la apertura y señalización del mencionado camino para el acceso al Lago. “Queremos que el Estado cumpla y no vemos impedimentos de ninguna naturaleza”, afirmó.
“El derecho que la Constitución consagra a todos los rionegrinos, es el de acceso a todas las costas, riveras, lagos, perilagos, etc. Es decir, todos los lugares que son dominio público. Por ende, la recreación y todas las formas de contacto con la naturaleza, están protegidas en este amplio espectro constitucional, pero también se convierten como derechos individuales de todos los ciudadanos. Este derecho de acceso, no se lo puede limitar de manera alguna”, afirmó Sodero Nievas en diálogo con “¿Estás Ahí?” (Radio Nacional).
Pinacho, días atrás y por el mismo espacio, comprendió que “el fallo (del STJ) hace una mención hasta poco feliz del camino Tacuifí, que es un viejo camino que no conduce a ningún lado, salvo a propiedades privadas, y que nunca fue un camino directo hacia Lago Escondido. Lo abrieron los mismos vecinos para ingresar a sus campos, hay que atravesar cuatro tranqueras de propiedades, tiene 25 kilómetros y no termina en el lago”; añadiendo que en todo el procedimiento, “que duró cuatro años, jamás el STJ mandó a inspeccionar ese camino, a evaluarlo. Siempre se trabajó sobre la mejora del sendero de montaña que une la servidumbre de paso hacia el lago Escondido”.
Al oír estas declaraciones, el magistrado rionegrino ratificó: “Doctora, nosotros no le estamos imponiendo a la empresa ninguna obligación. Se la estamos imponiendo al Estado, que debe cuidar de su patrimonio, asegurar que las rutas existentes se preserven y señalizar adecuadamente las comunicaciones. Todos los impedimentos que surgieren de propietarios que estén afectados por un camino público, los deberá dirimir Viarse en función del derecho aplicable a cada caso. Esta no es una cuestión que le importe de manera alguna a la empresa, le importa a la provincia, y es deber de la provincia sujetarse a las leyes, cumplirlas y asegurar que los bienes del Estado y los servicio se cumplan satisfactoriamente”.
Alertó, al respecto, que “en toda cuestión de carácter ambiental, nosotros podemos imponer mandatos preventivos y mandatos ejecutorios, de forma tal de garantizar que el cumplimiento de las resoluciones judiciales sea efectivo”.
Aclaró, asimismo, que “la obligación que nosotros le estamos imponiendo al Estado provincial es la señalización de ese camino, porque “la gente tiene que saber a dónde y cómo ir, además de las condiciones de seguridad, porque todo camino habilitado al uso público tiene que estar debidamente señalizado”.
En relación a las declaraciones de la vocera de la empresa Lago Escondido, Sodero Nievas sentenció: “Las vías alternativas parecen casi de derecho natural. Proclamar discusiones o abrir foros de debate sobre cuestiones que son tan elementales como ésta, como mínimo están fuera de lugar”.
Sobre el cumplimiento de los plazos por parte del Estado rionegrino, el vocal del STJ reiteró que cuenta con 120 días. “Queremos que el Estado cumpla y no vemos impedimentos de ninguna naturaleza que impidan trabajar allí. No queremos que nadie se ponga a terciar los intereses del Estado, que están siempre en función del bien público, del bien común”. (ANB)
El vocal del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Hugo Sodero Nievas, anticipó que pueden imponer mandatos preventivos o ejecutorios para que se dé cumplimiento con lo dispuesto, en relación a la obligación de la apertura y señalización del mencionado camino para el acceso al Lago. “Queremos que el Estado cumpla y no vemos impedimentos de ninguna naturaleza”, afirmó.
“El derecho que la Constitución consagra a todos los rionegrinos, es el de acceso a todas las costas, riveras, lagos, perilagos, etc. Es decir, todos los lugares que son dominio público. Por ende, la recreación y todas las formas de contacto con la naturaleza, están protegidas en este amplio espectro constitucional, pero también se convierten como derechos individuales de todos los ciudadanos. Este derecho de acceso, no se lo puede limitar de manera alguna”, afirmó Sodero Nievas en diálogo con “¿Estás Ahí?” (Radio Nacional).
Pinacho, días atrás y por el mismo espacio, comprendió que “el fallo (del STJ) hace una mención hasta poco feliz del camino Tacuifí, que es un viejo camino que no conduce a ningún lado, salvo a propiedades privadas, y que nunca fue un camino directo hacia Lago Escondido. Lo abrieron los mismos vecinos para ingresar a sus campos, hay que atravesar cuatro tranqueras de propiedades, tiene 25 kilómetros y no termina en el lago”; añadiendo que en todo el procedimiento, “que duró cuatro años, jamás el STJ mandó a inspeccionar ese camino, a evaluarlo. Siempre se trabajó sobre la mejora del sendero de montaña que une la servidumbre de paso hacia el lago Escondido”.
Al oír estas declaraciones, el magistrado rionegrino ratificó: “Doctora, nosotros no le estamos imponiendo a la empresa ninguna obligación. Se la estamos imponiendo al Estado, que debe cuidar de su patrimonio, asegurar que las rutas existentes se preserven y señalizar adecuadamente las comunicaciones. Todos los impedimentos que surgieren de propietarios que estén afectados por un camino público, los deberá dirimir Viarse en función del derecho aplicable a cada caso. Esta no es una cuestión que le importe de manera alguna a la empresa, le importa a la provincia, y es deber de la provincia sujetarse a las leyes, cumplirlas y asegurar que los bienes del Estado y los servicio se cumplan satisfactoriamente”.
Alertó, al respecto, que “en toda cuestión de carácter ambiental, nosotros podemos imponer mandatos preventivos y mandatos ejecutorios, de forma tal de garantizar que el cumplimiento de las resoluciones judiciales sea efectivo”.
Aclaró, asimismo, que “la obligación que nosotros le estamos imponiendo al Estado provincial es la señalización de ese camino, porque “la gente tiene que saber a dónde y cómo ir, además de las condiciones de seguridad, porque todo camino habilitado al uso público tiene que estar debidamente señalizado”.
En relación a las declaraciones de la vocera de la empresa Lago Escondido, Sodero Nievas sentenció: “Las vías alternativas parecen casi de derecho natural. Proclamar discusiones o abrir foros de debate sobre cuestiones que son tan elementales como ésta, como mínimo están fuera de lugar”.
Sobre el cumplimiento de los plazos por parte del Estado rionegrino, el vocal del STJ reiteró que cuenta con 120 días. “Queremos que el Estado cumpla y no vemos impedimentos de ninguna naturaleza que impidan trabajar allí. No queremos que nadie se ponga a terciar los intereses del Estado, que están siempre en función del bien público, del bien común”. (ANB)
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